GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (y XXIV)

EL FUTURO ESTATUTO DE AUTONOMÍA CANARIO: CUANDO SE TIRA LA TOALLA….

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Cuando se tira la toalla….el contrario se señorea en el  ring; esto viene a cuento de lo siguiente:

 

El pasado día 19 de abril el periódico “Canarias-7” publicó en su página 14 una información relativa al borrador del nuevo Estatuto canario el cual va orientado     -entre otras aspectos rimbombantes pero de poco calado para los intereses reales del ciudadano corriente y moliente-    a recortar las competencias de los Cabildos en beneficio del Gobierno autónomo, posicionamiento que ha encontrado el rechazo de todos los Cabildos del Archipiélago, unos con más contundencia que otros como ha sido el caso del Cabildo de El Hierro a través de su presidente, Tomás Padrón. Es muy posible que la Ponencia elaboradora de este borrador de nuevo Estatuto haya prestado más atención a los deseos o apetencias de poder de quienes los han elegido para la elaboración de un ‘manual’ tan importantísimo para Canarias que han pasado por alto el hecho de que nos encontramos en un momento histórico de máxima  importancia para modelar lo que debe garantizar la buena armonía y convivencia entre las islas del Archipiélago y que, en ningún caso, absolutamente en ningún caso debe tratar de centralizar más aún el poder del Gobierno autonómico sino todo lo contrario, es decir, debe prever el vaciado hacia los Cabildos a muy corto plazo de las competencias administrativas de cada isla de forma que sean ellos los que marquen las pautas de cuales son las necesidades más perentorias a atender con los dineros que les sean asignados en sus respectivos presupuestos, tanto si se trata de necesidades sociales como si se trata de infraestructuras.

 

Por tanto, visto el rechazo que dicho borrador ha tenido entre los representes de todos los Cabildos, está más que claro que las islas, todas    -tal vez con la única excepción de la que lleva más de una década ostentando el poder y barriendo con muchas escobas para su casa-,    están en contra de que el Gobierno autonómico no solamente detraiga a los Cabildos competencias que ya tienen asignadas sino que no transfiera el máximo posible de competencias administrativas a los Cabildos, entes que deben ser los verdaderos gobiernos de cada una de las islas en el plano administrativo ya que son los que están puestos de verdad en cuales son los problemas a solucionar que tiene cada una de sus respectivas islas. Si el Estado español se ha desgajado en diecisiete autonomías pasando sus competencias a dichas autonomías con el fin de cumplir lo preceptivo de un Estado autonómico, todo ello con el fin de acercar las decisiones administrativas a la puerta del ciudadano de los distintos puntos de la geografía española, no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido que un Gobierno autonómico como es el nuestro, que le ha tocado regir sobre un territorio fragmentado en siete comunidades, se empeñe en mantener una situación centralista de la administración y pretenda, no solamente no soltar más competencias, sino recortar parte de las que ya ha transferido a los Cabildos, algunas carentes de la suficiente financiación para que éstos las puedan desarrollar debidamente.

 

Así las cosas, parece estar claro que el borrador del nuevo Estatuto canario, visto de lejos por observador no involucrado en banderías políticas, parece orientado a ‘amagar pero no dar’, es decir, se presenta la pretensión de sustraer competencias a los Cabildos que ya tienen con el fin de apocar y acobardar pero con las miras puestas en que las cosas se queden como están, es decir, no   recortarles las actuales competencias que ya administran pero tampoco  entrar en la dinámica de transferirles más competencias administrativas desde el Gobierno, cosa que lo debilitaría, al Gobierno, en el mercadeo de influencias que un día sí y otro también estamos viendo. Por supuesto que ese mercadeo de influencias también se puede producir en los Cabildos pero ahí sí pueden los ciudadanos de cada isla  pasar factura en las urnas a quienes entraran en esa dinámica si así sucediera.

 

Por ello, no me queda más remedio que hacer mención a las declaraciones que el presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo en el pasado día 29 de abril, publicadas en el “Canarias7” de fecha 30 del mismo mes, en las que el presidente transmite la sensación de ‘tirar la toalla’, pues dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “…..que no se debilite a los Cabildos….”. Aquí tenemos ya la reacción perseguida con ese ‘amago de dar’ del borrador del futuro Estatuto de quitar competencias ya transferidas a los Cabildo; el presidente de uno de ellos, el de Gran Canaria, admite ya públicamente el conformismo de ‘que no se debilite a los Cabildos’ cuando la oración debería haber sido: “todas las competencias administrativas para los Cabildos” porque es lo que exige una autonomía formada por siete territorios distintos, territorialmente separados y con necesidades distintas que no pueden ser satisfechas sin agravios comparativos desde un Gobierno de corte centralista como es el nuestro en el que puede imperar, como actualmente impera, favoritismo en decisiones importantes hacia alguna de las islas, que suelen ser las de más población o llamadas mayores, según sea el grado de poder decisorio que sus representantes en el Gobierno ostenten, conllevando con ello un aumento muy considerable de sentimiento pleitista y desunión entre la ciudadanía de las islas, especialmente grancanaria y tinerfeña, que, por demasía, un desaprensivo escribidor de editoriales incendiarios de la isla vecina de Tenerife, del periódico “El Día” para ser más concreto, se empeña en fomentar.

 

Subrayo, además, que el transferir las cuestiones administrativas a los cabildos de cada isla no sólo es bueno para todas y cada una de las islas sino que, además, pondría fin a ese pleitismo absurdo que no pocas veces es sacado en procesión a la calle según los intereses que lo mueva, y cada isla progresaría según la capacidad de buen hacer de sus dirigentes, no pudiendo ninguna de ellas zancadillear a otras en su desarrollo aprovechando su hegemonía decisoria en el Gobierno como es el caso que sufre Gran Canaria desde hace más de diez años con relación a Tenerife. Este punto debería ser lo más importante del nuevo Estatuto y contar con la absoluta unanimidad de todos los partidos políticos por la sencilla razón que todos pueden ser un día rectores de los Cabildos de sus respectivas circunscripciones; el ‘trono’ cabildicio no es propiedad de ningún partido político.

 

Consecuentemente, la oportunidad histórica del momento no ha tenido parangón en nuestro pasado; ni siquiera la memorable fecha de 1927, que marcó la división del Archipiélago en dos provincias, para bien de ambas aunque algunos tinerfeños no lo crean así, fue tan importante como puede ser el nuevo Estatuto de nuestra autonomía si se confecciona con miras de futuro y en interés de todas las islas del Archipiélago. Hoy ya no es válido ni repetible el pretender dividir el Archipiélago en dos autonomías o provincias en las que las islas de mayor población, las llamadas mayores, asuman la tutela, como antaño, de las islas llamadas menores; eso ya pasó a la historia. Las islas menores, si así se les quiere seguir llamando, tienen dirigentes que no son bisoños precisamente, y no están por la labor     -sólo hay que leer lo manifestado por el presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, o de La Palma, Casimiro Curbelo-   de aceptar dos autonomías, como no pocos postulan; tampoco es viable el convertir el Archipiélago en un “Reino de Autonomías” con siete autonomías. Por tanto, esta oportunidad histórica que vive Canarias no puede ser chafada por camarillas ávidas de poder político y económico en beneficio propio y detrimento de todo el Archipiélago ni por políticos miopes que anteponen los intereses de partido a los intereses generales de las islas.

 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2006.

 

Daniel Garzón Luna

 

Página WEB de MSN con ilustración gráfica:

http://spaces.msn.com/members/zxcvbn14

 

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