Llevamos ya varios años en que nuestro desarrollo económico se encuentra congelado  por efectos de la ley de las Directrices que impuso un bloqueo absoluto al crecimiento de nuestra economía. Las consecuencias de esta congelación de nuestro crecimiento económico han sido las inevitables, es decir, más desempleo, más precariedad e inseguridad en el puesto de trabajo por disminución de la oferta en el mercado laboral y desbandada de los inversores que ante tanta inseguridad jurídica, tamaña jungla burocrática y tantísimo despropósito intervencionista han optado por colocar sus inversiones en otros destinos turísticos internacionales cuyos dirigentes políticos sí tienen claro que la Administración debe estar para apoyar y alentar con su buena predisposición proyectos que, con el debido respeto a las normas establecidas, aporten nuevas posibilidades de creación de riqueza y empleo, así como modernidad a la oferta turística con nuevas camas. No existe ningún país democrático en occidente donde un proyecto de un hotel cualquiera tenga que ser aprobado por un parlamento como es el caso que se da aquí en Canarias, todo ello después que dicho proyecto de hotel haya sido aprobado por el ayuntamiento en el que se encuentra ubicada su prevista construcción, el Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias y, para remache del no va más, por el Parlamento. La utilización del Parlamento para semejantes minucias es una lamentable desvirtuación de sus funciones legislativas y un desmedido afán de intervencionismo y dirigismo político de la actividad económica que suena a ciencia ficción. De esta guisa, a nadie debe extrañar si vemos pronto como nuestro Parlamento se ocupa incluso de que una marca cualquiera de condones necesite la aprobación del Parlamento para que pueda salir al mercado, soslayando a la Consejería competente para estos menesteres.

 Las consecuencias de este absurdo intervencionismo por parte del poder político en una economía de supuesto libre mercado como debería ser la nuestra están a la vista y se pueden incluso palpar con los dedos de las manos; nuestro desempleo ha pasado de unos 98.000 desempleados de hace tres años, antes de las moratorias y demás gaitas, a unos  130.000 en la actualidad, alcanzando ya el 20% de la población de Gran Canaria el umbral de la pobreza y encontrándose la población canaria a la cabeza  nacional en el padecimiento de la enfermedad del síndrome metabólico, enfermedad ésta que se ceba precisamente en las clases míseras y marginadas. (Ver La Provincia/Diario de Las Palmas del pasado día 18 donde en sus páginas 38 y 39 el Dr. Manuel Serrano Ríos opina sobre esta enfermedad). No obstante todo ello, políticos que viven opíparamente siguen erre que erre postulando las excelencias de la moratoria congeladora de nuestro crecimiento económico y, con ello, de nuestra creciente miseria. No hay duda que estos políticos no tienen la menor preocupación de poder engrosar ellos mismos algún día las filas del paro porque, si ese fuera el caso, ya verían la congelación de nuestro desarrollo económico de muy distinta manera pues ha quedado demostrado por estudios recientes que entre los muchos problemas que engendra el paro a quienes lo padecen se encuentra la demoledora influencia que ejerce sobre la salud del individuo y su entorno familiar.

Así las cosas, se ha llegado al extremo de que una simple licencia de obra para la construcción de un establecimiento turístico tiene más valor que una hoja del Libro Sagrado por lo que todo el que había conseguido una ‘licencia de obra de oro’ para construir un establecimiento turístico y pagado muy buenos dineros por ella, se ha dado buena prisa en construir por miedo a perderla por tiempo indefinido, incluso si era consciente que las camas que estaba construyendo corrían el riesgo de quedarse vacías porque la situación del momento de la demanda turística no garantizaba la ocupación de las mismas; esta situación la ha propiciado la ley de las Directrices con su carga de moratoria y burocracia, en muchos casos en colisión con otras disposiciones y leyes de nuestra Autonomía, ley ésta que pasará a la Historia como la más grande de las pruebas de la incompetencia de políticos que por puro populismo y electoralismo no dudaron en aprobar por unanimidad en el Parlamento una ley que ha cercenado de cuajo nuestro crecimiento económico y construcción de nuevos hoteles que deberían potenciar nuestra oferta alojativa para poder  competir con los magníficos hoteles que a diario se abren en otros destinos turísticos competidores nuestros, apuntándose nuestro Parlamento de esta forma a candidato, con todos los ases en sus manos, para entrar en el Guinness como el único parlamento que por unanimidad aprobó una ley que congeló su crecimiento económico y condenó con ello a sus ciudadanos a menos oportunidades de empleo, menos generación de riqueza y, en definitiva, más pobreza, más miseria y más enfermedades, es decir, entrará en dicho Guinness como ejemplar de suicidio económico colectivo y forjadores de miseria. Lo malo de todo esto es que nadie podrá pedir cuentas a estos magníficos entusiastas de la inmovilidad económica y defensores del risco y del lagarto, mientras a los enfermos mentales, por citar un ejemplo sangrante de nuestra sociedad, que los parta un rayo porque nadie pone el entusiasmo debido en la solución de tamaño problema.

Las Palmas de G.C., 9 de diciembre de 2005.

Daniel Garzón Luna