GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (I)

¿HACIA DÓNDE SE ENCAMINA GRAN CANARIA?

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El decir hoy en día que Gran Canaria va por la senda del progreso, de la expansión económica y desarrollo no se ajusta a la verdad. Gran Canaria hoy se encuentra inmersa en un clima de pesimismo empresarial que es de gran preocupación para cualquiera medianamente informado porque es precisamente ese mundo empresarial el que tiene que generar con su iniciativa y riesgo de capital empleo y riqueza. ¿Y por qué ese pesimismo en el mundo empresarial grancanario, se preguntará el lector? Para contestar a esta supuesta pregunta hay que comenzar diciendo que no hay una sola razón, hay razones varias, así que voy a tratar de dar perfil a alguna de ellas, veamos: llevamos más de una década, desde que ATI manda y dispone en Canarias, en que los estamentos gubernamentales han estado permanentemente sacando normas y más normas que han ido creando una maraña burocrática que es muy difícil de superar para cualquier empresario que no disponga en su empresa de un equipo de especialistas, juristas y otros amañados en presentar y llevar a buen término a la aprobación de cualquier proyecto ante la Administración.

A todo esto, y por si no hubiera ya más que suficientes normativas a cumplimentar para cualquier iniciativa, especialmente y con fijación en el área urbanista, el anterior presidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, y su equipo gobernante concibieron la Ley de Directrices   -muy del agrado y enérgicamente impulsada por el empresariado turístico tinerfeño a través de ATI, su brazo político y ejecutor de decisiones sublimes para Tenerife-,    Ley ésta  que fue aprobada unánimemente, incomprensiblemente unánimemente por todo el Parlamento Canario el 14 de abril de 2003. Esta Ley significó una congelación absoluta del crecimiento turístico grancanario, dado que las escasas excepciones que contempla la misma para nuevos proyectos son tan extremadamente leoninas que es prácticamente imposible superar las trabas burocráticas que condicionan la materialización de cualquier proyecto hotelero; tanto es así que queda al criterio de la política del momento el decidir sobre proyectos que, aún habiendo cumplido con todos los requisitos ya aprobados en sus correspondientes Planes Parciales por los estamentos gubernamentales pertinentes, queda, después de la citada Ley de Directrices, a criterios políticos a escala de Parlamento  ¡nada menos que a escala de Parlamento! el darles luz verde o rechazarlos. La falta de un metro cuadrado de césped en cualquier punto del proyecto, como un ejemplo simple pero real, puede ser suficiente argumento para desestimar un proyecto que puede haber estado en tramitación varios años y cumplir con toda la normativa en vigor. Por consiguiente, al convertirse el aprobar un proyecto cualquiera en un asunto sometido a la política, propicia el sectarismo político y el clientelismo, siendo más que posible que sólo tendrán posibilidades de salir adelante aquellos proyectos de empresarios que gocen de muchas simpatías y amigos en el Gobierno de turno.

¿Consecuencias para Gran Canaria de esta situación? Bueno, creo que las consecuencias ya están a la vista: Gran Canaria lleva más de una década paralizada por normativas burocráticas emanantes de los últimos Gobiernos y no ha crecido lo necesario y en su debido momento en su planta hotelera con establecimientos de alta categoría, quedándose muy rezagada en su oferta hotelera con relación a Tenerife, nuestra mayor competencia en el mercado turístico europeo; ha perdido imagen y gancho en el citado mercado turístico. No hay que olvidar que es la planta hotelera precisamente la que impulsa el lanzamiento de cualquier zona turística –como un ejemplo cercano ahí tenemos a Puerto Rico que por no disponer de hoteles en su etapa inicial tardó muchos años en su lanzamiento turístico-   y es el paraguas que da cobijo a la cama extrahotelera. Aquí se ha cometido el imperdonable error de poner coto al crecimiento hotelero, y, por otra parte, tenemos la cama extrahotelera que, al no tener ‘locomotora’, -léase suficientes hoteles de calidad-   que tire de ella, se ha abandonado y ha entrado en ausencia de beneficios, sumergiéndose en la desidia y la falta de renovación, cosa que  ha llevado a una obsolescencia a la mayor parte de ellas que ya no tiene retorno; la cama extrahotelera en Playa del Inglés, casi en su totalidad, ya no tiene solución alguna porque el mercado de gente media ya no acepta ese tipo de oferta y sólo ciudadanos de barrios pobres y marginales de las grandes ciudades son los candidatos a ocuparlas a precios muy bajos.

Así las cosas, la miopía que se aprecia en instancias gubernamentales que postulan la renovación de esas camas obsoletas y bloquean al mismo tiempo el crecimiento de nuevas camas hoteleras es un despropósito enorme que traerá unas consecuencias tan nefastas para Gran Canaria que difícilmente podremos superarlas porque la oferta hotelera en otros mercados competidores nuestros está viva y en permanente crecimiento con hoteles de una calidad rompedora y a precios muy económicos, por lo que, si bien es acertado el alentar la renovación de esas camas obsoletas que pudieran ser orientadas como oferta residencial a jubilados europeos   -de su renovación ser lo minimamente aceptable-,   es una barbaridad el bloquear al mismo tiempo el crecimiento de nuevos hoteles para dar protección a lo existente, especialmente a esas camas que, renovadas o no renovadas, no tienen demanda en el turismo de calidad que se decanta casi en su totalidad por la oferta hotelera.

Por tanto, el intervencionismo y el proteccionismo que se practica por parte del Gobierno en el control y dirigismo del sector turístico está fuera de lugar en una economía de libre mercado donde el empresario que construya un establecimiento turístico no tiene porqué ser diferente del que monta una peluquería; si donde abre su negocio el peluquero está plagado de otras peluquerías corre el riesgo de no tener clientela y que no pueda cubrir gastos. Ese problema se suele solucionar haciendo previamente una valoración de la población de los aledaños propensa a ser cliente del local y a la confianza en su propia profesionalidad para captar clientes, por lo que si las cosas le van mal es su problema y no tiene porqué ser el Gobierno el que venga a solucionárselo vetando la creación de nuevas peluquerías. Exactamente esto ocurre con los hoteles y no es explicable ni comprensible que el Gobierno ostente ese paternalismo protector de las empresas instaladas interviniendo y haciendo suyo la supuesta solución de problemas que no son de su competencia, son problemas estrictamente de planificación de inversiones del mundo empresarial y si construyen un hotel donde no hay demanda para el mismo y van a la quiebra, pues muy bien, que vayan a la quiebra. También va a la quiebra el peluquero que no ha estudiado bien si había clientela potencial para su peluquería y nadie del Gobierno se rasga las vestiduras por ello.

Por otra parte, existe una tendencia aquí en Gran Canaria a que medios de comunicación monten un alarmismo a cada paso sobre el sector turístico en cuanto se quedan camas por ocupar en nuestra Isla sin parar en mientes que en el mundo de la oferta de la cama turística o la de hotel de ciudad es toda una satisfacción para dirigentes de establecimientos en Europa el conseguir una ocupación media anual entre el 65 y el 70% de sus camas. Aquí, donde la ocupación de la cama  suele estar en una media anual superior al 90%, en cuanto quedan camas por ocupar en los establecimientos turísticos, se monta la carajera de costumbre y todo  el que tiene algo que opinar     -Gran Canaria es el punto de Europa donde hay más gente que es ‘doctorada’ en turismo-,   tanto en tribunas periodísticas como en tribunas políticas, se mete a salvador de intereses ajenos y a postular un proteccionismo a la cama existente que una y otra vez nos conduce a la congelación de nuevas licencias de obras, y una y otra vez traen como consecuencia las clásicas estampidas de construcciones cuando se levanta ‘la veda’, con toda la carga negativa que ello implica porque mete muchas camas de golpe en el mercado en primer lugar y en segundo lugar porque se construyen camas por miedo a perder las licencias y sin el previo estudio si hay mercado para ellas; a estas camas que irrumpen de esta forma en nuestra oferta las podríamos denominar ‘las camas del miedo’ y de la obsesión de políticos por intervenir y planificar un mercado que no necesita ser dirigido por quienes nada saben de él.

Ante esta situación de la política económica del “stop and go”, practicada desde décadas en Gran Canaria, política totalmente desterrada desde hace mucho tiempo por todos los gobiernos occidentales por sus nefastas consecuencias habidas, sólo cabe decir aquí en Canarias que el día que el Gobierno se dedique a lo suyo    -como puede ser solucionar de una vez y por siempre el sangrante problema de los enfermos mentales, por citar un ejemplo-    y deje de dirigir e intervenir en asuntos que conciernen a  empresarios como es el si se debe o no se debe hacer un hotel y en qué momento, podremos ver como de una vez por todas entramos de verdad en la economía de libre mercado y veremos como el mercado se regula solo y que sólo se harán hoteles donde puedan tener clientes y también cómo las camas existentes, faltas de proteccionismo gubernamental al no congelar el Gobierno el crecimiento de la competencia, se renovarán y se pondrán al día, además de esmerarse más en sus servicios y se acabará la inmoralidad de  los contratos basuras, verdadero cáncer de la hostelería,  porque será la única forma de conseguir clientes. Si alguien quiere una muestra de lo que aquí he relatado, no tiene más que pensar y analizar que Las Palmas de Gran Canaria lleva alrededor de 25 años sin que se construya un solo hotel y que en Telde desapareció el único hotel que había y no se ha vuelto a construir ningún otro, todo ello sin moratorias de ningún tipo. ¿Razones? Muy simples: la ley del mercado, si no hay demanda nadie arriesga su dinero para no obtener beneficios.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de diciembre de 2005-12-10

Daniel Garzón Luna

 Llevamos ya varios años en que nuestro desarrollo económico se encuentra congelado  por efectos de la ley de las Directrices que impuso un bloqueo absoluto al crecimiento de nuestra economía. Las consecuencias de esta congelación de nuestro crecimiento económico han sido las inevitables, es decir, más desempleo, más precariedad e inseguridad en el puesto de trabajo por disminución de la oferta en el mercado laboral y desbandada de los inversores que ante tanta inseguridad jurídica, tamaña jungla burocrática y tantísimo despropósito intervencionista han optado por colocar sus inversiones en otros destinos turísticos internacionales cuyos dirigentes políticos sí tienen claro que la Administración debe estar para apoyar y alentar con su buena predisposición proyectos que, con el debido respeto a las normas establecidas, aporten nuevas posibilidades de creación de riqueza y empleo, así como modernidad a la oferta turística con nuevas camas. No existe ningún país democrático en occidente donde un proyecto de un hotel cualquiera tenga que ser aprobado por un parlamento como es el caso que se da aquí en Canarias, todo ello después que dicho proyecto de hotel haya sido aprobado por el ayuntamiento en el que se encuentra ubicada su prevista construcción, el Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias y, para remache del no va más, por el Parlamento. La utilización del Parlamento para semejantes minucias es una lamentable desvirtuación de sus funciones legislativas y un desmedido afán de intervencionismo y dirigismo político de la actividad económica que suena a ciencia ficción. De esta guisa, a nadie debe extrañar si vemos pronto como nuestro Parlamento se ocupa incluso de que una marca cualquiera de condones necesite la aprobación del Parlamento para que pueda salir al mercado, soslayando a la Consejería competente para estos menesteres.

 Las consecuencias de este absurdo intervencionismo por parte del poder político en una economía de supuesto libre mercado como debería ser la nuestra están a la vista y se pueden incluso palpar con los dedos de las manos; nuestro desempleo ha pasado de unos 98.000 desempleados de hace tres años, antes de las moratorias y demás gaitas, a unos  130.000 en la actualidad, alcanzando ya el 20% de la población de Gran Canaria el umbral de la pobreza y encontrándose la población canaria a la cabeza  nacional en el padecimiento de la enfermedad del síndrome metabólico, enfermedad ésta que se ceba precisamente en las clases míseras y marginadas. (Ver La Provincia/Diario de Las Palmas del pasado día 18 donde en sus páginas 38 y 39 el Dr. Manuel Serrano Ríos opina sobre esta enfermedad). No obstante todo ello, políticos que viven opíparamente siguen erre que erre postulando las excelencias de la moratoria congeladora de nuestro crecimiento económico y, con ello, de nuestra creciente miseria. No hay duda que estos políticos no tienen la menor preocupación de poder engrosar ellos mismos algún día las filas del paro porque, si ese fuera el caso, ya verían la congelación de nuestro desarrollo económico de muy distinta manera pues ha quedado demostrado por estudios recientes que entre los muchos problemas que engendra el paro a quienes lo padecen se encuentra la demoledora influencia que ejerce sobre la salud del individuo y su entorno familiar.

Así las cosas, se ha llegado al extremo de que una simple licencia de obra para la construcción de un establecimiento turístico tiene más valor que una hoja del Libro Sagrado por lo que todo el que había conseguido una ‘licencia de obra de oro’ para construir un establecimiento turístico y pagado muy buenos dineros por ella, se ha dado buena prisa en construir por miedo a perderla por tiempo indefinido, incluso si era consciente que las camas que estaba construyendo corrían el riesgo de quedarse vacías porque la situación del momento de la demanda turística no garantizaba la ocupación de las mismas; esta situación la ha propiciado la ley de las Directrices con su carga de moratoria y burocracia, en muchos casos en colisión con otras disposiciones y leyes de nuestra Autonomía, ley ésta que pasará a la Historia como la más grande de las pruebas de la incompetencia de políticos que por puro populismo y electoralismo no dudaron en aprobar por unanimidad en el Parlamento una ley que ha cercenado de cuajo nuestro crecimiento económico y construcción de nuevos hoteles que deberían potenciar nuestra oferta alojativa para poder  competir con los magníficos hoteles que a diario se abren en otros destinos turísticos competidores nuestros, apuntándose nuestro Parlamento de esta forma a candidato, con todos los ases en sus manos, para entrar en el Guinness como el único parlamento que por unanimidad aprobó una ley que congeló su crecimiento económico y condenó con ello a sus ciudadanos a menos oportunidades de empleo, menos generación de riqueza y, en definitiva, más pobreza, más miseria y más enfermedades, es decir, entrará en dicho Guinness como ejemplar de suicidio económico colectivo y forjadores de miseria. Lo malo de todo esto es que nadie podrá pedir cuentas a estos magníficos entusiastas de la inmovilidad económica y defensores del risco y del lagarto, mientras a los enfermos mentales, por citar un ejemplo sangrante de nuestra sociedad, que los parta un rayo porque nadie pone el entusiasmo debido en la solución de tamaño problema.

Las Palmas de G.C., 9 de diciembre de 2005.

Daniel Garzón Luna