GRAN CANARIA EN SU ENCRUCIJADA (I)

¡NO A LA XENOFOBIA INSTITUCIONALIZADA!

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Los vientos que corren hoy en día por Canarias dejan lugar y obligan a rememorar aquellos otros que, no tan lejanos, trajeron al mundo de la mano del los forjadores del nazismo alemán una de las tragedias más infames que ha vivido la humanidad desde su creación. Al plasmar este criterio sobre lo que está ocurriendo en Canarias en los últimos tiempos, y, lo que es muchísimo peor, lo que puede ocurrir en un futuro inmediato, no estoy buscando un paralelismo con lo que ocurrió en los albores del nazismo en Alemania y, mucho menos, buscarle una semejanza. No obstante, las declaraciones del presidente de ATI, Paulino Rivero, al diario escrito “Canarias7” de Las Palmas de Gran Canaria y también las pronunciadas por el presidente del Gobierno autónomo de Canarias, Adán Martín, publicadas igualmente  en el mentado diario en su edición del domingo día 11, dimanantes ambas de la convención que celebraron los dirigentes de Coalición Canaria (CC) el pasado día 10 en Tenerife postulando moratoria “0” para contratos a inmigrantes no comunitarios, a los que responsabilizan de la alta tasa de paro canario, rayan con la  xenofobia y plantan la semilla de un racismo, hoy en día inexistente en Canarias, acercándonos a los años treinta de Alemania en los que el partido Nazi culpó a la banca judía alemana de ser uno de los principales causantes de la penuria económica y astronómico número de parados que estaba padeciendo el país convirtiendo a todo el pueblo judío bajo su influencia en chivo expiatorio de tal penuria, hecho que degeneró en un racismo brutal cuyas consecuencias son de todos conocidas.

Por tanto, este planteamiento de ATI sobre la inmigración, asumida por el Gobierno de Canarias según lo expresado por su presidente, es un despropósito humano y político de gran calibre; es difícil de digerir que un presidente de Gobierno que ha promovido y es acérrimo defensor del crecimiento cero de nuestra economía, algo insólito en el mundo de la economía por el incuestionable hecho que toda economía que se estanca y no crece implica siempre una subida de la tasa del paro en cualquier país del mundo,  como ha quedado demostrado en Canarias donde desde que entró en vigor en abril del 2003 la Ley de Directrices congeladora del crecimiento turístico canario, sector generador del 80% aproximadamente de nuestra economía, el número de parados en Canarias ha pasado de los 92.000 que había en el 2003 a los 130.000 que existen en la actualidad. Ahí está la verdadera razón del aumento del paro en Canarias y, especialmente, en Gran Canaria: la congelación artificial y por ley de su crecimiento económico. Nada tiene que ver con inmigrantes no comunitarios que, en todo caso, suelen hacer los trabajos que a los ciudadanos canarios no les place hacer.

Consecuentemente, ese desempleo está ahí subiendo y subiendo y señalando acusadoramente a los dos últimos gobiernos canarios en prueba del absoluto fracaso de sus respectivas gestiones en lo relativo a nuestra economía, campo en el que se han metido a saco a  dirigir e intervenir sin mesura y la han llevado a un callejón de muy difícil salida. Por tanto, la superchería de ATI de culpar a los inmigrantes como responsables de la subida del paro es un desafuero y un acto de irresponsabilidad extrema en un partido político que ostenta poder de gobierno, provocando con ello en la ciudadanía el sentimiento de que son los inmigrantes los culpables de la situación agobiante de paro en que se encuentra una parte importante de esa ciudadanía, con todo lo que ello implica de animosidad contra ese colectivo y posible aumento de la xenofobia que hoy sólo existe en Canarias en algunas mentes calenturientas, ya que toda persona canaria medianamente bien informada es consciente que los canarios han sido durante muchos años un pueblo de migración, especialmente hacia Suramérica y no les falta comprensión para el drama que viven no pocos emigrantes y sus familiares.

Por tanto, ha lugar a preocuparse por este simplismo con que destacados dirigentes canarios justifican su fracaso de gobierno cargando las culpas sobre un colectivo indefenso, el cual, si se le cierran las posibilidades de buscarse la vida dentro de la legalidad, lo hará ilegalmente, cosa que implica el trabajo negro sin cotización a la Seguridad Social y el inevitable aprovechamiento del patrón abusador, así como la prostitución  o el robo. Sólo estos dos últimos puntos, la prostitución y el robo, son razones más que suficientes para que los  precursores de semejante disparate sean penalizados con tener que borrar con una goma la frase de  “ni un contrato de trabajo más para inmigrantes” de todos y cada uno de los periódicos donde se ha publicado. De llevarse a efectos la petición del Gobierno canario al de Madrid de moratoria “O” para contratos a inmigrantes no comunitarios se le habrá colocado al turismo canario una bomba de relojería bajo su línea de flotación porque el robo y la prostitución en las zonas turísticas al que se verán arrastrados por pura supervivencia no pocos inmigrantes pondrá fin al nombre de Canarias como destino turístico a recomendar. El señor presidente, Adán Martín, precisamente por disponer de asesoramiento turístico de mucha altura e información sobre ello de primerísima mano, deberá saber muy bien en el campo de minas que su Gobierno, tal vez para complacer a ATI en sus planes electoreros, está metiendo al turismo canario.

Por otra parte, está más que claro que nos encontramos ante un movimiento migratorio de gran calado como ya han existido innumerables en el curso de la Historia. La hambruna, las enfermedades y la persecución política en algunos países africanos han creado este fenómeno que es imparable, habiéndole tocado a Canarias, precisamente por su cercanía al continente africano, el tener que soportar la llegada continua y masiva de inmigrantes y, como quiera que este fenómeno migratorio no es un problema exclusivamente canario sino que es de toda la comunidad europea, nuestros responsables políticos, todos, tienen que exigir en Bruxelas, con la contundencia que la dramática situación de Canarias en este campo requiere, y con el inexcusable concurso del Gobierno de Madrid, las iniciativas pertinentes de forma que sean puesto a disposición del Gobierno canario los medios económicos necesarios, sin remilgos ni demora, para que la asistencia inexcusable a los inmigrantes, especialmente la sanitaria, no sea sólo a cargo del erario canario, y, además, para  que el flujo permanente de inmigrantes que llega a Canarias sea encauzado sin demora hacia donde corresponda fuera de Canarias. Este es un problema de toda la Europa comunitaria y no sólo de Canarias y España y así hay que exponerlo en Bruxelas, sin mendigar y con la exigencia que lo drástico del problema requiere.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de junio del 2006.

Daniel Garzón Luna  

LA LEY DE DIRECTRICES O MORATORIA: CUANDO EL PORTAVOZ DE CC EN EL PARLAMENTO PRETENDE JUSTIFICAR LO INJUSTIFICABLE

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El portavoz del grupo parlamentario de Coalición Canaria, José Miguel González, en unas declaraciones al “Canarias7”  de Las Palmas de Gran Canaria el día 4, que fueron publicadas por dicho periódico el día 5 en su página “Canarias Política”, dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “parece que hay una idea un tanto confusa de que aquí se trata de favorecer a una isla frente a otra. Eso no tiene ningún sentido”. Este párrafo forma parte de otras aseveraciones por parte del señor portavoz justificativas del rechazo de CC a las propuestas de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) para modificar la Ley de Directrices o Moratoria en la medida que deje vía libre a los proyectos de hoteles de cuatro y cinco estrellas y que sean los Cabildos los que decidan y administren  el crecimiento turístico que deben tener sus respectivas islas.

Aquí tenemos la postura de Coalición Canaria que,  con relación al Gobierno canario, podemos decir lo de ‘tanto monta, monta tanto’ por la sencilla razón que ATI representa en la misma su núcleo decisorio y duro. Ahora me corresponde demostrar que la afirmación del señor González de que en la prorrogación de la Moratoria no se trata de beneficiar a una isla frente a otra no se ajusta a la verdad por la sencilla razón que el Gobierno autónomo ha hecho suya, con fervor y bravura, la petición de la Asociación de Hoteleros y Extrahoteleros de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL) de prorrogar la Ley de Directrices por tres años más y, además, y esto es lo gravísimo y descarado de dicha petición, para todas las islas. Es bien sabido que Tenerife cuenta con más de 110.000 camas hoteleras de alta calidad, casi todas de reciente construcción, y, por tanto, mantienen una supremacía en el mercado turístico que Gran Canaria con sus 45.000 camas hoteleras, casi todas obsoletas, no podrá igualar en muchos años, si es que algún día lo consigue. Consecuentemente, a Tenerife le viene como anillo al dedo una prórroga de la Moratoria por tres años más porque tienen suficientes camas en su oferta de las que pide el mercado y así congelan el crecimiento de la competencia que podría volver a ser Gran Canaria.

Las cifras citadas son una corta exposición de la situación de la oferta hotelera en Tenerife y en Gran Canaria. Ahora transcribiré los titulares de lo publicado por el diario “El Día” de Tenerife de fecha 20 de abril del 2006 a cuento de la Ley de Directrices o Moratoria; publicó:

“EL SECTOR HOTELERO (de Tenerife)  APOYA POR UNANIMIDAD TRES AÑOS MÁS DE MORATORIA TURÍSTICA. La asamblea general de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife ratificó ayer por unanimidad la propuesta de apoyar el mantenimiento durante tres años más en las islas de la moratoria turística y remitir al Gobierno la propuesta del sector”.

Como bien podemos ver, la postura del Gobierno autónomo es calcada del sentir de Ashotel que no se limita a pedir una prórroga de la moratoria para su provincia sino que incluye a todas las islas, con desparpajo y desfachatez.

Ahora ha lugar a transcribir lo que la CCE de Las Palmas   -que aglutina a todo el empresariado de la provincia de Las Palmas y no solamente al sector turístico-    decidió en su reunión del día 3 de mayo, publicado en el “Canarias7” el día 4 en su página “Canarias Política”. Esta Confederación  declaró a la prensa, transcribiendo sólo los titulares, lo siguiente:

“TITULAR: LA CCE EXIGE LIBERTAD PARA CREAR CAMAS DE CALIDAD. La moratoria turística, a debate. Los empresarios de Las Palmas reclaman que se eliminen los límites para construir complejos de calidad. La patronal aboga por que los cabildos decidan las cotas de crecimiento. La Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas mostró ayer su total decepción con los resultados de una moratoria turística que después de tres años de vigencia, a su juicio, “no ha servido para nada”. “La palabra moratoria me molesta, no somos partidarios” afirmó el presidente de la comisión de Turismo de la CCE, Fernando Fraile, en nombre del empresariado de la provincia oriental.”

Bien, si Ashotel, representante del sector hotelero y extrahotelero de la provincia de Tenerife, se expresó con rotundidad pidiendo al Gobierno una prórroga por tres años más de la Moratoria turística, la CCE de Las Palmas, que representa a todo su empresariado, no se ha pronunciado con menos rotundidad y claridad en su petición al Gobierno de libertad absoluta para los hoteles de cuatro y cinco estrellas y transferencia a los Cabildos de las competencias urbanísticas.

Ahora cabe el hacerse el siguiente planteamiento: el sector hotelero de la provincia de Tenerife, Ashotel, pide al Gobierno una prórroga de la Ley de Directrices porque cree que tiene suficientes camas hoteleras por el momento. Pues muy bien, ¿qué problema tiene el Gobierno para darles esa moratoria? Si ellos la piden y el Gobierno está por la moratoria, pues que se la den, nada más fácil para el Gobierno que complacerlos. Que le den la Moratoria…..para Tenerife y su provincia si así lo reclaman.

Las Palmas, por su parte, por medio de la CCE que aglutina a todo el mundo empresarial de la provincia, y a través de su Comisión de Turismo que preside Fernando Fraile, también presidente de la FEHT (Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo), exige para Gran Canaria libertad absoluta para los proyectos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, dentro de la normativa en vigor, porque ha llegado al convencimiento todo ese mundo empresarial, así lo han expresado en sus declaraciones a la prensa en el diario y fecha antes citado, que la Ley de Directrices no sólo no ha servido para nada sino que ha sido nefasta para Gran Canaria que ha congelado su crecimiento hotelero y lo ha limitado a una oferta ridícula en comparación con nuestro competidor más importante, Tenerife, oferta que, además, se compone de camas obsoletas en su gran mayoría. ¿Dónde está el problema para el Gobierno para que Tenerife tenga la moratoria al crecimiento turístico que piden y Gran Canaria tenga la libertad de sacar adelante los proyectos de cuatro y cinco estrellas que su oferta turística necesita y también pide y exige?

Así las cosas, esta es la situación que no deja lugar a la mínima duda: Tenerife pide lo que necesita y va con sus intereses: una continuidad del parón de la Moratoria que le permita seguir liderando por años la oferta turística canaria; y Gran Canaria pide lo que necesita como el comer y le conviene: libertad absoluta para los proyectos de hoteles de cuatro y cinco estrellas, los únicos que pueden darle el necesario tirón para salir del pozo y decadencia en que se encuentra su oferta turística, y traspaso de las competencias urbanísticas a los Cabildos como únicos árbitros del crecimiento turístico en cada isla.

Como podemos ver, los intereses de ambas provincias, especialmente las dos islas capitalinas, son total y absolutamente contrapuestos; no existe la mínima posibilidad de que en semejante situación pueda producirse un punto de convergencia ni a corto ni a largo plazo.

Y ahora, en respuesta al señor portavoz del grupo parlamentario CC, José Miguel González, tengo que poner sobre la mesa la postura del Gobierno autónomo sobre la Ley de Directrices. ¿Cuál es esa postura? Una petición al Parlamento para que la Ley de Directrices o Moratoria sea prorrogada por tres años más. ¿Dice esa petición que dicha prórroga sea aplicada sólo a aquellas islas que lo necesiten, como es el caso de Tenerife, excluyendo de la misma a las que no la necesiten, como es el caso de Gran Canaria? No, no lo dice; la petición es generalizada, una prolongación de la Moratoria como existe ahora, con ajustes ‘finos’. Y ahora una pregunta al portavoz del grupo parlamentario de CC, señor González: ¿está el Gobierno autónomo favoreciendo a la isla de Tenerife en su petición al Parlamento de una prórroga de la Ley de Directrices en detrimento de la isla de Gran Canaria o no? ¿Lo que pide el Gobierno al Parlamento es exactamente lo que ha pedido Ashotel al Gobierno o no? ¿Y qué pasa con lo que ha pedido la CCE de Las Palmas al Gobierno, se tiene en consideración o ya el Gobierno se ha pronunciado al respecto a través de su rechazo, los expresados por usted y que motivan este escrito, a los planteamientos de la patronal de Las Palmas? ¿No es tan claro el lenguaje del empresariado de Las Palmas como para no tener la misma receptividad por parte del Gobierno como lo está teniendo en esta cuestión  el de su homólogo de Tenerife?

Bien, así son las cosas y así están ocurriendo. Y ahora sobran más  argumentos para que todo el que lo quiera entender lo entienda, y que nadie se rasgue las vestiduras desde las filas áticas   -que cuando se trata de transferir competencias a los Cabildos parece que  les están quitando la vida-   si el empresariado de Las Palmas pide que sean transferidas a los Cabildos las competencias urbanísticas y que sean ellos, los Cabildos, los que decidan el crecimiento que cada una de las islas puede o debe desarrollar y que ninguna isla a través de su hegemonía en el Gobierno autónomo, sea la que sea, pueda bloquear el desarrollo de otras islas cuando sea de su interés.

Las Palmas de Gran Canaria, 6 de mayo de 2006.

Daniel Garzón Luna

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EL FUTURO ESTATUTO DE AUTONOMÍA CANARIO: CUANDO SE TIRA LA TOALLA….

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Cuando se tira la toalla….el contrario se señorea en el  ring; esto viene a cuento de lo siguiente:

El pasado día 19 de abril el periódico “Canarias-7” publicó en su página 14 una información relativa al borrador del nuevo Estatuto canario el cual va orientado     -entre otras aspectos rimbombantes pero de poco calado para los intereses reales del ciudadano corriente y moliente-    a recortar las competencias de los Cabildos en beneficio del Gobierno autónomo, posicionamiento que ha encontrado el rechazo de todos los Cabildos del Archipiélago, unos con más contundencia que otros como ha sido el caso del Cabildo de El Hierro a través de su presidente, Tomás Padrón. Es muy posible que la Ponencia elaboradora de este borrador de nuevo Estatuto haya prestado más atención a los deseos o apetencias de poder de quienes los han elegido para la elaboración de un ‘manual’ tan importantísimo para Canarias que han pasado por alto el hecho de que nos encontramos en un momento histórico de máxima  importancia para modelar lo que debe garantizar la buena armonía y convivencia entre las islas del Archipiélago y que, en ningún caso, absolutamente en ningún caso debe tratar de centralizar más aún el poder del Gobierno autonómico sino todo lo contrario, es decir, debe prever el vaciado hacia los Cabildos a muy corto plazo de las competencias administrativas de cada isla de forma que sean ellos los que marquen las pautas de cuales son las necesidades más perentorias a atender con los dineros que les sean asignados en sus respectivos presupuestos, tanto si se trata de necesidades sociales como si se trata de infraestructuras.

Por tanto, visto el rechazo que dicho borrador ha tenido entre los representes de todos los Cabildos, está más que claro que las islas, todas    -tal vez con la única excepción de la que lleva más de una década ostentando el poder y barriendo con muchas escobas para su casa-,    están en contra de que el Gobierno autonómico no solamente detraiga a los Cabildos competencias que ya tienen asignadas sino que no transfiera el máximo posible de competencias administrativas a los Cabildos, entes que deben ser los verdaderos gobiernos de cada una de las islas en el plano administrativo ya que son los que están puestos de verdad en cuales son los problemas a solucionar que tiene cada una de sus respectivas islas. Si el Estado español se ha desgajado en diecisiete autonomías pasando sus competencias a dichas autonomías con el fin de cumplir lo preceptivo de un Estado autonómico, todo ello con el fin de acercar las decisiones administrativas a la puerta del ciudadano de los distintos puntos de la geografía española, no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido que un Gobierno autonómico como es el nuestro, que le ha tocado regir sobre un territorio fragmentado en siete comunidades, se empeñe en mantener una situación centralista de la administración y pretenda, no solamente no soltar más competencias, sino recortar parte de las que ya ha transferido a los Cabildos, algunas carentes de la suficiente financiación para que éstos las puedan desarrollar debidamente.

Así las cosas, parece estar claro que el borrador del nuevo Estatuto canario, visto de lejos por observador no involucrado en banderías políticas, parece orientado a ‘amagar pero no dar’, es decir, se presenta la pretensión de sustraer competencias a los Cabildos que ya tienen con el fin de apocar y acobardar pero con las miras puestas en que las cosas se queden como están, es decir, no   recortarles las actuales competencias que ya administran pero tampoco  entrar en la dinámica de transferirles más competencias administrativas desde el Gobierno, cosa que lo debilitaría, al Gobierno, en el mercadeo de influencias que un día sí y otro también estamos viendo. Por supuesto que ese mercadeo de influencias también se puede producir en los Cabildos pero ahí sí pueden los ciudadanos de cada isla  pasar factura en las urnas a quienes entraran en esa dinámica si así sucediera.

Por ello, no me queda más remedio que hacer mención a las declaraciones que el presidente del Cabildo de Gran Canaria hizo en el pasado día 29 de abril, publicadas en el “Canarias7” de fecha 30 del mismo mes, en las que el presidente transmite la sensación de ‘tirar la toalla’, pues dijo, entre otras cosas, lo siguiente: “…..que no se debilite a los Cabildos….”. Aquí tenemos ya la reacción perseguida con ese ‘amago de dar’ del borrador del futuro Estatuto de quitar competencias ya transferidas a los Cabildo; el presidente de uno de ellos, el de Gran Canaria, admite ya públicamente el conformismo de ‘que no se debilite a los Cabildos’ cuando la oración debería haber sido: “todas las competencias administrativas para los Cabildos” porque es lo que exige una autonomía formada por siete territorios distintos, territorialmente separados y con necesidades distintas que no pueden ser satisfechas sin agravios comparativos desde un Gobierno de corte centralista como es el nuestro en el que puede imperar, como actualmente impera, favoritismo en decisiones importantes hacia alguna de las islas, que suelen ser las de más población o llamadas mayores, según sea el grado de poder decisorio que sus representantes en el Gobierno ostenten, conllevando con ello un aumento muy considerable de sentimiento pleitista y desunión entre la ciudadanía de las islas, especialmente grancanaria y tinerfeña, que, por demasía, un desaprensivo escribidor de editoriales incendiarios de la isla vecina de Tenerife, del periódico “El Día” para ser más concreto, se empeña en fomentar.

Subrayo, además, que el transferir las cuestiones administrativas a los cabildos de cada isla no sólo es bueno para todas y cada una de las islas sino que, además, pondría fin a ese pleitismo absurdo que no pocas veces es sacado en procesión a la calle según los intereses que lo mueva, y cada isla progresaría según la capacidad de buen hacer de sus dirigentes, no pudiendo ninguna de ellas zancadillear a otras en su desarrollo aprovechando su hegemonía decisoria en el Gobierno como es el caso que sufre Gran Canaria desde hace más de diez años con relación a Tenerife. Este punto debería ser lo más importante del nuevo Estatuto y contar con la absoluta unanimidad de todos los partidos políticos por la sencilla razón que todos pueden ser un día rectores de los Cabildos de sus respectivas circunscripciones; el ‘trono’ cabildicio no es propiedad de ningún partido político.

Consecuentemente, la oportunidad histórica del momento no ha tenido parangón en nuestro pasado; ni siquiera la memorable fecha de 1927, que marcó la división del Archipiélago en dos provincias, para bien de ambas aunque algunos tinerfeños no lo crean así, fue tan importante como puede ser el nuevo Estatuto de nuestra autonomía si se confecciona con miras de futuro y en interés de todas las islas del Archipiélago. Hoy ya no es válido ni repetible el pretender dividir el Archipiélago en dos autonomías o provincias en las que las islas de mayor población, las llamadas mayores, asuman la tutela, como antaño, de las islas llamadas menores; eso ya pasó a la historia. Las islas menores, si así se les quiere seguir llamando, tienen dirigentes que no son bisoños precisamente, y no están por la labor   –  -sólo hay que leer lo manifestado por el presidente del Cabildo de El Hierro, Tomás Padrón, o de La Palma, Casimiro Curbelo-   de aceptar dos autonomías, como no pocos postulan; tampoco es viable el convertir el Archipiélago en un “Reino de Autonomías” con siete autonomías. Por tanto, esta oportunidad histórica que vive Canarias no puede ser chafada por camarillas ávidas de poder político y económico en beneficio propio y detrimento de todo el Archipiélago ni por políticos miopes que anteponen los intereses de partido a los intereses generales de las islas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de mayo de 2006.

Daniel Garzón Luna

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HAY POLÍTICOS GRANCANARIOS QUE LOS ÁRBOLES NO LES DEJAN VER EL BOSQUE

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El pasado día 5 de abril el presidente del Cabildo grancanario, señor Soria, en una alocución pública a cuenta de la celebración de las jornadas sobre turismo organizadas por la Caixa, dijo, entre otras cosas de inusitado relieve sobre la Moratoria al crecimiento turístico,  lo siguiente: “….la Ley de Directrices ha sido un error político de todos los partidos, incluido el mío”;  “…Gran Canaria es la pagana de la Moratoria”;  “…Gran Canaria ha sido la gran perjudicada por la Ley de Directrices”;  “….la Ley de Directrices ha contribuido al desequilibrio, ya que ha impedido a la isla redonda afrontar ese mismo crecimiento que ha experimentado Tenerife en los últimos años”;  y apostó, según la información difundida el día 6 por los diarios “Canarias-7” y “La Provincia/Diario de Las Palmas”, “por modificar radicalmente el actual marco regulatorio porque está provocando una pérdida ostensible de las ventajas competitivas y un excesivo intervencionismo desde la Administración autonómica”, alertando sobre los proyectos que se están dejando de ejecutar en la isla y como “no pocos empresarios se van a invertir a otros lugares donde no les ponen tantos impedimentos legales para desarrollar sus ideas”.

Bien, aquí tenemos al presidente del Cabildo grancanario haciendo una exposición clara y diáfana de lo que ha sido la Moratoria al crecimiento turístico para Gran Canaria y hasta qué punto ha perjudicado a nuestra Isla esta congelación de nuestro crecimiento turístico, especialmente hotelero, y en qué medida ha beneficiado a otras islas, especialmente a Tenerife. Como transcribo en el párrafo anterior, el señor Soria no rehuye la parte de responsabilidad que ha tenido su propio partido, el PP, reconociendo públicamente que fue un error que los parlamentarios grancanarios votaran unánimemente una Ley que vino a consagrar la hegemonía absoluta de Tenerife en su oferta turística sobre Gran Canaria, situación ésta que ya no habrá manera alguna de equilibrar y muchísimo menos si ASHOTEL de Tenerife sigue manteniendo su bota presionando e impidiendo el crecimiento turístico sobre todas las islas del Archipiélago a través de su tremenda influencia en los órganos rectores de la Administración tan maestralmente representados por ATI.

Viendo con objetividad lo expuesto por el señor Soria, no hay la menor duda que está hablando por y para Gran Canaria y que sus planteamiento, incluido el de que son los Cabildos los que deben tener las competencias para administrar todo lo concerniente a sus respectivas islas   -administrativamente hablando-,   siendo el urbanismo una de esas competencias a ejercer por los cabildos, porque   -como bien estamos viendo-   no es de recibo que cuando una isla haya conseguido sus metas de crecimiento, turístico en ese caso, se las apañe por medio de su poder político para encorsetar y congelar el crecimiento de otras islas que puedan serle competencia en los mercados turísticos. Esto es exactamente lo que ha ocurrido por parte de Tenerife y sigue ocurriendo, y si políticos grancanarios no lo quieren ver, que no lo vean, pero la cruda realidad es que ASHOTEL controla el crecimiento turístico en Canarias según su conveniencia y utilizando el poder político de ATI para conseguir sus fines.

Por tanto, según las declaraciones vertidas por los portavoces de diferentes grupos políticos sobre las alocuciones del señor Soria, se pone de manifiesto que todos están en contra de lo expuesto por este señor, sin duda alguna que ninguno de ellos ha analizado a fondo  lo que dijo ni  se han parado a recapacitar en la situación en que hoy se encuentra nuestra Isla en lo referente al turismo porque un asunto de tantísima importancia para Gran Canaria como es el no poner trabas burocráticas a  los inversores para que inviertan en hoteles de calidad y que cada isla administre su desarrollo, ha recibido sólo críticas de esas mentes en las que existe el convencimiento que al contrario político, tanto si lleva razón en sus planteamientos como si no, especialmente si se trata del PP, hay que machacarlo por sistema, olvidando con ello que la Isla de Gran Canaria está en una situación que necesita de todos los partidos político que peleen por ella, sin importar lo más mínimo el signo político de quien ponga sobre la mesa cualquier idea o proyecto que sea bueno y necesario para Gran Canaria, sin olvidar que el ‘enemigo’ que ha bloqueado su desarrollo económico está ‘allí enfrente’ y no necesariamente dentro de casa. Nuestros políticos deben saber que los ciudadanos grancanarios pasan de todo tipo de navajeo político y lo que quieren es que los individuos que han elegido en las urnas peleen por Gran Canaria y su progreso que es la única forma que sus medios de vida puedan mejorar.

Por tanto, se puede decir que los árboles no dejan ver el bosque a no pocos políticos grancanarios: los árboles, en este caso de la Moratoria, son el señor Soria y el PP y el bosque GRAN CANARIA, con letras grandes.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 2006

Daniel Garzón Luna

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